DESCONFIANZA EN LA POLITICA, CONFIANZA EN LOSMEDIOS

LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA DESCONFIANZA CIUDADANA
La percepción negativa hacia los partidos políticos es un fenómeno que se ha generalizado en los últimos años, pues tenemos diversos ejercicios demoscópicos que han tratado de mostrar fotografías donde se valora el papel de los partidos en el entorno ciudadano. Como tema que impacta el desempeño de los gobiernos, el grado de aprobación para este sustantivo actor para la democracia es de suma importancia, pues referir a la función y papel que desempeñan las fuerzas políticas tanto de izquierda y de derecha determina la fortaleza y calidad del gobierno representativo. Es preocupante que el desempeño de los partidos sea evaluado a la baja por los ciudadanos, sobre todo en tiempos en que la discusión nacional y local se encuentra inmersa en posibles cambios constitucionales, pues los partidos han asumido el compromiso de llevar a cabo la discusión sobre asuntos como la “reforma petrolera”, la llamada Reforma del Estado, de ahí que surge una interrogante ingente de respuesta, debido a que la legitimidad de la acción política de los partidos puede estar a debate por ello, ¿qué tan válido es el acto de la representación y los actos que acometan en su calidad de representantes los partidos políticos, si los ciudadanos ponen en duda su capacidad para asumir legítimamente esta actividad política?
Es a partir de la pregunta anterior que, el problema escapa como un asunto de partidos, pues involucra el sentido de la representación, de la calidad de la democracia en tanto proyecto que busca vigorizar la vinculación ciudadano/gobierno, ciudadano/valores democráticos, como agenda vivificar este par de binomios nos ponen frente a elementos que hoy son importantes para un adecuado desarrollo de los Estados, estos elementos son en alguna medida indicadores de las deficiencias que la democratización política de la sociedad ha implicado, uno de estos valores es el elemento de la accountability ya sea en las distintas dimensiones en que ha sido valorada, pues la rendición de cuentas es un proceso de interacción y de responsabilidad de los cuerpos representativos ante el ciudadano, bajo un marco de respeto al imperio de la ley. Esta situación se hace extensiva a los partidos, quienes no adoptan los mecanismos de la accountability como elemento clave para establecer una relación intensa con los ciudadanos, por el contrario en una actitud reduccionista los partidos políticos han seguido estableciendo puentes de comunicación desde la variable electoral con la población, lo cual nos invita a pensar que la falta de confianza de la que hoy sufren, es en parte, producto de esta pobre visión que tienen sobre la ciudadanía. Es decir, los partidos siguen manejando un ciudadano en su cualidad más básica; esto es, los ciudadanos más allá de la acción electoral están eliminados como eje de la política.
La dimensión social, económica, cultural del concepto ciudadano al no formar parte de la gramática de los políticos, no sólo significa el desconocimiento del novísimo debate que prima en las ciencias sociales, sino que advierte un asunto más delicado, la nulidad de estos elementos más allá de la esfera política, también anulan agendas y temas que hoy perviven en el ámbito social y que representan nuevos referentes y problemas de los que se requiere atención por parte de la política institucional.
De ahí que podamos precisar que la calidad de la gestión de gobierno se ve impactada por los derechos ciudadanos, derechos que en su ejercicio van moldeando un ambiente de sociabilización que no puede escapar a cualquier actor u organización presente en la sociedad. No hay que olvidar que el sostenimiento de una democracia al requerir de demócratas, también requiere de cuerpos intermedios de representación que asuman los principios y valores que definen al régimen en cuestión, a saber: igualdad, tolerancia, pluralidad, libertad. Con estos valores y principios reproducidos y ejercidos por los miembros activos y pasivos seguramente se modificaría de manera sustantiva la percepción que los ciudadanos tienen sobre los partidos políticos, al abrir a la observación ciudadana los espacios y toma de decisiones. Esto significa que la democratización que beneficia la cotidiana vida del ciudadano, requiere generalizarse como un ejercicio permanente de hacer de la democracia un rasgo definitorio de la estructura organizacional de los partidos.
Más allá de la corrupción, de la falta de transparencia de sus actividades cotidianas, los partidos requieren atender la llamada de atención que estos estudios demoscópicos representan, como el reciente estudio titulado Encuesta Nacional 2008. Gobierno, Sociedad y Política elaborado por la Consultoría Gabinete de Comunicación Estratégica, donde se muestra que los partidos en una escala de cero a 10, rondan en un promedio nacional de 4.3 puntos de aceptación ciudadana, hecho a considerar pues entre las instituciones que mejor salen evaluadas se encuentra la familia, la iglesia, el ejército y las universidades.
Si hacemos uso de la definición funcional de los partidos como actores que tienen como objetivo la sociabilización de valores democráticos, la movilización de la opinión pública, así como coadyuvar en la creación de una cultura política, tenemos frente a nosotros un dilema si la ciudadanía se siente ajena a los partidos, al mostrar desconfianza producto del comportamiento que estos cuerpos de representación han manifestado frente a los asuntos públicos de gran calado en la opinión de la población. La tarea que resulta es de difícil resolución en tiempos en que el debate nacional tiene que asumirse como una actividad coordinada entre partidos y ciudadanos, para contrarrestar los proyectos altamente impopulares que tratan de conformar un nuevo rostro de país, alejados de la dimensión histórica y de los principios de justicia social que las tesis republicanas de buen gobierno han significado en el desarrollo nacional.

LA CRISIS DE CONFIANZA EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SU CONTRACARA EN LA CREDIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Desde el restablecimiento del sistema democrático en el año 1983 hasta la fecha hemos sido testigos de un proceso gradual y constante de descrédito de la clase política en nuestro país. Muy probablemente, y sin necesidad de mayor análisis, las causas fundamentales de dicho fenómeno se encuentren en gran parte inmersas dentro de un proceso de descrédito global respecto de la clase política a nivel mundial, puesto que la actividad política en esencia implica la toma de decisiones que generalmente conforman a algunos e irritan a otros. Lo cierto es que, a esa tendencia mundial, en nuestro país se le agrega un plus que termina deteriorando por completo la ya percudida concepción que la población tiene de la dirigencia política, que no es otro que el de la corrupción estructural. Este síntoma no es patrimonio exclusivo del ámbito político, sino que se ha irradiado a todos los sectores como una crisis dirigencial. Ello se evidencia en sectores tales como el sindical, el empresarial y el eclesiástico, entre otros.
Pero en la actividad política cobra un cariz particular, toda vez que al político se le agrega una carga específica que es la de desempeñar o aspirar a desempeñar un cargo público, lo cual genera un compromiso expreso por su actuación respecto de toda la sociedad. En consecuencia, cualquier atisbo de corrupción puede llegar a generar una repercusión mucho mayor que en otros escenarios. Así, cada uno de los episodios que socavan la credibilidad de la dirigencia política muchas veces generan un contra-efecto fortaleciendo la imagen de otro sector. Este juego de fuerzas se da permanentemente entre la política y los medios de comunicación. La primera se esfuerza prioritariamente en obtener el poder o conservar el ya obtenido. La segunda, tiene como premisa excluyente transmitir la realidad tal como la percibe. Esta dicotomía es la que provoca una inclinación de la balanza en favor de la actividad periodística, lo cual no necesariamente la excluye de caer bajo la misma crítica. La credibilidad periodística se incrementará en la medida en que los medios de comunicación realicen su actividad objetivamente y con responsabilidad social. Caso contrario, la prensa caerá en la misma bolsa que la política que pretende criticar o desenmascarar, con un resultado doblemente negativo, cual es la pérdida de credibilidad tanto de la política como del periodismo.
Con la finalidad de evitar dicho efecto, se deberá procurar generar en la conducción de los principales grupos periodísticos formadores de opinión un compromiso real con la verdad y la ética profesional. Para lograr tal propósito se deberán desterrar hábitos que lo único que logran es empañar la transparencia que debe exhibir la actividad periodística. Tal sería el caso de la eliminación de la pauta publicitaria oficial discrecional, o la contratación de periodistas en medios de comunicación de propiedad del Estado. Ello eliminaría todo tipo de condicionamiento o dependencia de los periodistas que allí se desempeñan, permitiéndoles alcanzar un grado de objetividad en su tarea acorde a las expectativas de sus destinatarios.